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Carga Pública: “Prueba de riqueza” para inmigrantes

El 27 de enero, la Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó la implementación del cambio de regla de “carga pública” de la administración Trump, se prevé que esta modificación en la política federal de inmigración impacte a cerca de 24 millones de estadounidenses y millones más que buscan venir a los Estados Unidos.
La nueva regla, básicamente, crea una prueba de riqueza para los inmigrantes; se basa en factores como la edad, salud, educación, ingresos y recursos. Los funcionarios de inmigración de los EE. UU. pueden usar los resultados de esta prueba para negar la solicitud de admisión a los Estados Unidos o aquellos que solicitan la residencia permanente legal (tarjeta verde) porque es probable que la persona se convierta en una “carga pública” que necesite beneficios del gobierno. Según esta nueva política, los inmigrantes serían acusados ​​si se encuentran legalmente en los Estados Unidos y utilizan los beneficios públicos, como Medicaid, cupones de alimentos o asistencia para la vivienda, con demasiada frecuencia o si se considera que algún día dependerán de ellos.

Los economistas predicen, y los defensores afirman que ya han observado, que el cambio de la regla tendrá un “efecto escalofriante” en las familias inmigrantes, incluidas las que tienen hijos ciudadanos estadounidenses, desalentándoles de acceder a programas de vivienda, alimentación y nutrición, así como a atención médica, incluido el Programa de seguro médico para niños (CHIP), al que tienen derecho legalmente. Este “efecto escalofriante” ocurre porque, incluso si la nueva regla no se aplica a ellos, las familias inmigrantes pueden preocuparse de que el acceso a estos beneficios ponga en peligro su estatus legal.

En un informe de noviembre de 2019, el Instituto de Política Fiscal, una organización de investigación independiente y no partidista, predijo que el cambio de la regla de carga pública reduciría la economía de la nación en $ 24 mil millones anuales, con una pérdida relacionada de 164,000 empleos perdidos en todo el país y la pérdida de ingresos fiscales en todos los estados. Cuando Estados Unidos cierra sus puertas a quienes buscan oportunidades económicas y al Sueño Americano, así como a quienes desean reunirse con la familia que ya está aquí, cerramos las puertas a las futuras generaciones de nuestra economía.

Esta pelea no ha terminado. Los servidores públicos, los defensores y demás personas en todo el país continuarán defendiéndose, hablando y luchando para proteger a las familias inmigrantes y el futuro de nuestro país.

 

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